LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN ESTATAL EN EL MERCADO Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

Carlos Eduardo Pérez Crespo 

La discusión sobre cómo y cuánto debe intervenir el Estado en el mercado tiene distintos exponentes en la economía, tales como Paul Krugman, Joseph Stiglitz y Amartya Sen. En la ciencia política la discusión ha encontrado a sus máximos  académicos en Adam Pzreworski, Seymour M. Lipset y Francis Fukuyama. Sin embargo, en los análisis de los politólogos se suelen analizar las variables macroeconómicas (PBI, Ingreso per cápita, Gini, etc.), no desarrollando con minuciosidad las consecuencias que las regulaciones del Estado generan en la microeconomía, es decir, en los consumidores y productores de bienes.

A continuación presentamos sólo tres formas comunes como el Estado interviene en el mercado: el precio tope, el salario mínimo y los impuestos. Esto nos dará un panorama muy general sobre las consecuencias que ello tiene en las políticas económicas y cómo no todo impuesto de por sí es bueno, ya que depende del carácter elástico o inelástico de la oferta o la demanda para saber a quién finalmente terminará beneficiando o perjudicando: ¿a los vendedores o los compradores?

a) El precio tope

El precio tope consiste en promulgar una ley que pone un precio máximo al consumo de un bien. Si este precio está por encima del precio de equilibrio del mercado no hay consecuencia significativa, debido a que no se afecta el punto de confluencia entre la curva de la demanda y la oferta.

Sin embargo, cuando el precio tope se encuentra por encima del punto de equilibrio sí hay consecuencias importantes en tres dimensiones. Primero genera una escasez del bien regulado, porque con el nuevo precio máximo la cantidad del bien demandado excede a la cantidad del bien ofrecido. Asimismo, ello produce una mayor actividad de búsqueda del bien porque es menor la oferta, lo cual origina una mayor inversión de tiempo y esfuerzo para encontrar la disponibilidad del bien. Por último, aparece el mercado negro como una alternativa a la disminución de la oferta, por lo cual los precios pueden ser mucho más elevados que los del equilibrio en este nuevo escenario, ya que no está normado el precio y ante la escasez los contrabandistas pueden elevar mucho el precio.

Ahora bien, la razón detrás del precio tope implementado por los gobiernos está en que se busca imponer un criterio de reglas justas. Por ejemplo, imponer un precio tope al alquiler de viviendas lograría que los desfavorecidos y pobres logren acceder a un alquiler a un precio más barato. No obstante, no se logra en la práctica dicho resultado porque se produce un alto excedente del consumidor (hay viviendas más caras que el precio tope), un excedente del productor (hay viviendas más baratas que el precio tope) y una pérdida potencial de dinero y tiempo en la búsqueda tediosa de viviendas ante la disminución de la oferta (una pérdida económica irrecuperable).

Por esa razón, los precios topes suelen ser ineficaces porque los gobiernos suelen utilizar tres principales criterios para la asignación justa de los bienes. El primero es similar a ganar una lotería: logran obtener un bien los que tuvieron suerte de encontrar la oferta en el tiempo y el lugar preciso. Segundo, los que se anotaron primero en la fila de espera de la asignación del bien son beneficiados. Finalmente, ganan aquellos que tienen vínculos con algún funcionario público que puede ayudar a la obtención del bien. En todos los casos, la determinación del precio tope no genera un resultado que beneficia a los más pobres, sino que distorsiona por completo la oferta y por tanto la forma como se soluciona el problema de la demanda.

b) El salario mínimo

El salario mínimo se refiere al sueldo que el trabajador debe recibir como mínimo por su oferta de trabajo. Si el salario mínimo está por encima del salario de equilibrio, no hay problema. Pero si el salario mínimo está por encima del salario de equilibrio se generan problemas porque la oferta de trabajo disminuye (las empresas contratan menos personal) y la demanda se mantiene (hay más gente que desea acceder a un empleo), por lo cual hay un excedente de demanda: muchos trabajadores quedan en el desempleo.

Al igual que en el caso del alquiler de viviendas, se busca crear un salario justo y mínimo como derecho social. Pero esto crea un excedente de oferta en las empresas y un excedente de demanda de trabajadores en el mercado.

En ese sentido, el salario mínimo crea una asignación ineficiente de empleos porque los criterios para ofrecer un trabajo con salario mínimo sólo benefician a los que ya se encuentran laborando de manera estable, ya que tienen un incremento en el salario. Sin embargo,  perjudica a los que buscan un trabajo, por lo cual hay una pérdida económica real por el mayor tiempo que toma obtener un nuevo empleo.

En ese sentido, la medida que se planteaba como justa termina siendo injusta, porque sólo beneficia a un pequeño grupo: los que tienen un trabajo fijo. Pero no beneficia a los desempleados ni tampoco mejora la calidad del trabajo. En ese sentido, las empresas pueden potencialmente ofertar más trabajo y los trabajadores demandar  también más empleos, pero la ley no permite concretar este acuerdo porque el salario mínimo se encuentra por encima del salario de equilibrio.

c) Los impuestos

Los impuestos son una regulación del Estado sobre las ventas o la producción para obtener el ingreso fiscal. Los impuestos pueden basarse en dos principios: a) el principio de los beneficios, en donde las personas deben pagar impuestos en la misma cantidad a los beneficios que reciben de los servicios que proporciona el gobierno; y b) el principio de la capacidad de pago, en el que las personas deben pagar impuestas de acuerdo a la facilidad con que pueden pagarlos.

Lo importante sobre los impuestos es que depende de la elasticidad de la oferta o de la demanda si el impuesto termina siendo pagado mayoritariamente por los vendedores o los compradores. En ese sentido, no todo impuesto es justo, porque de acuerdo a la elasticidad perjudica a uno de estos dos.

c.1) Impuestos en una demanda elástica e inelástica

Cuando la demanda es elástica significa que los compradores consumen un bien que puede ser reemplazable por otro, en caso el precio se incremente. Por ejemplo, el consumo de lapiceros rojos: en caso suban mucho de precio, los compradores se moverán a otro producto como los lapiceros negros.

Es por esa razón que con la elasticidad de la demanda el precio pagado por los compradores se mantiene, ya que los vendedores son los que tienen que pagar la mayor parte del impuesto incluido en el precio de venta. Esto es así porque si los vendedores elevan el precio, perderán a sus compradores porque reemplazarán el bien con una nueva demanda. Así, los vendedores terminan pagando la mayor parte del impuesto; y para cubrir sus gastos deben disminuir la cantidad ofrecida para seguir vendiendo el bien al mismo precio y sin afectar sus ventas.

Por el contrario, cuando la demanda es inelástica, los impuestos terminan siendo pagados por los compradores o usuarios. Esto pasaría con el mercado del petróleo, debido que como no tiene un reemplazo o costo de oportunidad inmediato, un aumento del impuesto significar un incremento del precio y una reducción de la cantidad producida, por lo cual el alza total del precio terminaría siendo pagado por los compradores, ya que no pueden trasladarse a otro bien que produzca el mismo beneficio. En ese sentido, lo que más perjudica económicamente a los compradores son los impuestos a las demandas inelásticas como el petróleo, la insulina o la energía eléctrica.

c.2) los impuestos a una oferta elástica e inelástica

Al contrario que el caso de la demanda, cuando se incorporan impuestos a ofertas inelásticas, la mayor cantidad de los impuestos lo pagan los vendedores. Esto pasa cuando los ofertantes no pueden aumentar la cantidad para cubrir los costos de un impuesto a su oferta. Ejemplos claros de esto sucede en el negocio de hoteles. Es decir, cuando se eleva los impuestos a los hoteles, los dueños no pueden aumentar la cantidad de habitaciones disponibles porque tienen un tope que no logra cubrir el incremento del precio. Por esa razón, ante el incremento de los impuestos, los vendedores tienen que cubrir la mayor cantidad de ese ingreso fiscal para el Estado.

Sin embargo, cuando la oferta es elástica, los compradores pagan la mayor cantidad de ese impuesto. Esto pasa con el mercado de la comercialización de arena, ya que un aumento del precio es pagado por la demanda de empresas o industrias de construcción, por lo cual ante un aumento del precio son ellos los que deben correr con estos gastos.

En ese sentido, lo que más perjudica a los compradores, son los impuestos a ofertas inelásticas.

La elasticidad de la oferta hace que los vendedores incrementen el precio del bien ofertado y que los compradores paguen la totalidad del impuesto, por lo que la cantidad vendida disminuye. El ingreso fiscal es pagado enteramente por los compradores y la pérdida irrecuperable está en la cantidad de bienes menos producidos para el mercado.

Conclusiones:

Para el caso peruano se ha venido discutiendo sobre las bondades de la remuneraciónmínima vital. Sobre ello se ha abierto la discusión sobre a quiénes beneficiaría o no. Evidentemente, después del análisis económico expuesto, es claro que como derecho social es popular y razonable plantear el salario mínimo. Sin embargo, es muy probable que este salarió beneficie a quienes tienen un trabajo fijo en medianas y grandes empresas. Sin embargo, perjudica alas microempresas y pequeñas empresas, porque disminuye el incentivo para la formalización de tener trabajadores en planilla con derechos sociales y laborales, y con una remuneración por encima de la oferta del mercado.

Por otra parte, también podemos comprender que los impuestos en el Perú no retornan en calidad de servicios del Estado. Por lo cual la mayoría de trabajadores formales y profesionales tienen un descuento total de su sueldo cercano al 20%, que no termina retornando en atención de salud o educación pública de calidad. Siendo de esta forma, es claro que los impuestos son demasiado altos para la capacidad del Estado peruano de generar “Bien Público”.  Por el contrario, las grandes empresas gasíferas o mineras son las que más aportan a la caja fiscal y retornan con mayores puestos de trabajo, liquidez y dinamismo en el mercado. El problema de fondo, entonces, es que el Estado peruano no establece reglas de juego claras y dificulta más que beneficia a las empresas y los usuarios de servicios públicos y privados.